Desde Voluntad Popular
denunciamos y repudiamos ante Venezuela y la Comunidad Internacional la
detención ilegal y arbitraria mediante el montaje policial / judicial contra
nuestro dirigente nacional, diputado por la Unidad Democrática e incansable
luchador social por los derechos de los privados de libertad, Gilber Caro,
ejecutado en el peaje La Cabrera del estado Carabobo por una comisión del
SEBIN. Este hecho es además inconstitucional porque viola flagrantemente su
inmunidad parlamentaria normada en el artículo 200 de la CRBV.
Según hemos conocido
extraoficialmente, al diputado Caro, quien para el momento de su detención
retornaba en automóvil junto a su novia de un viaje familiar por el occidente
del país, se le pretende sembrar fusiles de asalto y explosivos, el mismo
libreto aplicado, por cierto, a nuestro activista Yon Goicochea en Caracas.
También al concejal en San Cristóbal José Vicente García por orden del
gobernador del Táchira, José Vielma Mora. Llama la atención que fue
precisamente este gobernador quien el día lunes “alertó” sobre la presencia de
nuestro dirigente nacional en Táchira, endilgándole hechos de violencia, misma
actitud asumida irresponsablemente un día después por el dirigente del PSUV y
alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, como es la constante de los voceros del
régimen contra cualquier dirigente o activista de Voluntad Popular.
Vemos de esta manera como el
vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, se estrena en sus funciones
de represión y persecución a través del llamado “comando antigolpe”, que no es
más que una excusa para encarcelar, desmovilizar e intimidar a quienes seguimos
a la vanguardia de la lucha no violenta por el cambio democrático de un régimen
que solo en el año 2016 sometió al pueblo venezolano a una inflación superior
al 700%, a la ausencia de alimentos y medicinas, e inclusive a la ausencia de
billetes para comprar lo poco que se puede en Venezuela, hundiéndonos más en la
miseria con la profunda y vox populi corrupción roja. Alertamos además que esta
nueva etapa obedece a la intención manifiesta de encarcelar a los diputados de
la Unidad y disolver la Asamblea Nacional.
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